La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) no se aplicará definitivamente en 2014 como estaba previsto, sino a partir de 2105. La falta de acuerdo sobre el presupuesto europeo para el periodo 2014 a 2020 está detrás de este retraso. Tanto los ministros de Agricultura como el propio Parlamento Europeo consideran imposible avanzar en las negociaciones para cerrar la reforma sin conocer el montante presupuestario final.
Tras el fracaso de la última cumbre comunitaria para lograr un compromiso presupuestario, se espera lograr un acuerdo para la primera semana de febrero. Entonces comenzaría la cuenta atrás para la aprobación de la propuesta del nuevo marco financiero en el Parlamento Europeo y posteriormente con la Comisión. Esto permitiría elaborar los correspondientes reglamentos, que se espera no puedan estar finalizados hasta el primer semestre del año que viene.
Según la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, se han producido avances importantes en el reglamento sobre desarrollo rural donde, entre otros puntos, España reclama una cofinanciación del 75% para las regiones en transición.
Agricultura pide también que los seguros agrarios se queden fuera del marco europeo por considerar que, tal como están en la actualidad, dan más libertad al país miembro para su gestión.
También se halla en fase avanzada la redacción del reglamento horizontal donde se contemplan actuaciones como la condicionalidad, sistema integrado de gestión, asesoramiento y pago de anticipos, así como la Organización Común de Mercado (OCM) única donde se abordan temas como la continuidad de las cuotas de leche y azúcar o los derechos de plantación para el viñedo.
Por el contrario, apenas se han producido avances en la elaboración del reglamento sobre los pagos directos que, en el caso de España, suponen una pieza básica con ingresos de unos 5.200 millones. Eso significa que para 2014 se mantendría el actual sistema de pagos por derechos históricos, en lugar de entrar en vigor un nuevo modelo de pagos por hectárea, así como la política de convergencia de las ayudas en un mismo país y entre los Estados miembros.
España defiende que el proceso de convergencia de los pagos no sea tan elevado como defendió la Comisión y que se alargue más allá de 2019. Igualmente se mantienen abiertas las negociaciones en aspectos importantes para la distribución sobre el papel que se asigne a cada país como la política verde, la transferencia de fondos entre los dos pilares, pagos directos y desarrollo rural y la asignación de la superficie a tener en cuenta en cada país para pagar ayudas. Ante esta situación, se espera que Bruselas disponga una reglamentación puente para 2014.
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