El economista del dilema
Los economistas que evalúan las propuestas legislativas de la Comisión para la PAC después de 2013 se enfrentan a un dilema.
Los economistas trabajan dentro de un paradigma en el que la agricultura es una industria no es diferente de cualquier otro, donde los mercados por lo general hacen un buen trabajo en la asignación de recursos, y donde la única justificación para la intervención del gobierno requiere la existencia de fallas del mercado y la demostración de que los gobiernos tienen el acceso a la información pertinente o los recursos que les permita hacer frente a los fallos de mercado eficaz.
Se trata de un conjunto de herramientas muy potente ya que permite a los economistas distinguir entre las intervenciones de política de bienestar que mejoran y los que son en gran medida sobre la reasignación de recursos y las rentas de un grupo a otro (la distinción entre SIONALES y plagas utilizando la terminología de Gordon Rausser en su bien conocido 1982 papel AJAE ).
Aplicado a la PAC, este paradigma genera recomendaciones inequívocas de política: eliminar el apoyo a la renta agrícola, limitar los presupuestos públicos para la compra de los bienes públicos ambientales a través de programas focalizados, y mantener una capacidad mínima de gestión de crisis para hacer frente a los riesgos catastróficos. Por supuesto, una política agrícola de este tipo supone que la competencia adecuada de acompañamiento, el medio ambiente, educación, investigación, seguridad alimentaria y las políticas de protección social también están en su lugar. Ya sea que estas políticas deben llevarse a cabo en la Unión Europea o nacional, oa nivel local dependerá de la naturaleza de la falla del mercado y si los impactos son sobre todo local o en toda la UE-en el ámbito de aplicación, aunque a veces la acción comunitaria se dio la bienvenida a causa de la corrupción o la ineficacia de los locales a las administraciones a tener en cuenta los intereses locales.
Es importante para los economistas que continúe recordando a los responsables políticos de estos principios básicos. Pero esto viene con el riesgo de que los economistas son luego de un lado-alineados en el debate sobre el meollo de la cuestión de las propuestas concretas de reforma de la PAC. Atila Jambor en su reciente post sobre la definición de los agricultores en activo ilustra bien este punto.Llega a la conclusión de que la necesidad de que esta definición no se plantearía si los pagos de renta básica se han eliminado. Sabemos que esto no va a suceder en esta reforma de la PAC, por lo que quiere decir esto que los economistas deberían decir nada sobre la manera de definir un agricultor en activo, dado que los responsables políticos desean restringir la recepción de los pagos directos a los que no merecen los destinatarios?
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